Esto representa la cuarta parte de los identificados en el conjunto de "los Quince", donde se alcanzaron los 8.210 nuevos casos.

Comité Independiente Antisida

La Oficina Estadística de la UE (Eurostat) hizo público el 11 de Septiembre del 2002, los datos del sida actualizados hasta finales del 2001. Recogemos un resumen de estos datos y comentarios que de ellos se derivan, en especial en lo concerniente a la situación en España.
Para juzgar bien los datos, es preciso recordar que el diagnóstico del sida se produce cuando una persona contagiada con el virus VIH padece una de las enfermedades indicativas del sida, tales como neumocistitis, tuberculosis pulmonar o sarcoma de Kaposi. Por ello, para juzgar con precisión sobre si Europa esta venciendo al sida, o esta siendo vencida por el sida, sería preciso disponer de datos exactos de personas contagiadas de VIH.
Eurostat advirtió que el descenso en los casos de sida años por año, gracias a los medicamentos antirretrovirales, no supone que esté cayendo la incidencia del llamado VIH (virus de inmunodeficiencia humana).

CASOS DE SIDA

Número de personas diagnosticadas de sida es España desde 1981: 63.000 casos.

En Francia: 55.000 casos.

En Italia: 50.000 casos.

En el conjunto de los quince paises de la Unión Europea: 234.000 casos.

Formas de contagio en España desde el comienzo de la enfermedad (1981):

63,4 por ciento consumidores de drogas inyectables.

13,3 por ciento contagio heterosexual.

13,7 por ciento a contagios homosexuales.

Formas de contagio en España durante el año 2001:

33,2 por ciento consumidores de drogas inyectables.

¿ ? por ciento contagio heterosexual . Se asegura que aumenta, pero no se ofrece son precisión. Estimar del resto hasta el 100%.

19,6 por ciento a contagios homosexuales.

Formas de contagio en toda la Unión Europea desde el comienzo de la enfermedad (1981):

39,4 por ciento de los casos se debieron a contagio por jeringuillas.

17,6 por ciento a relaciones heterosexuales.

32,6 por ciento a contactos homosexuales.

CASOS DE VIH

Los Quince están poniendo en marcha un sistema para informar de la incidencia del VIH según el cual en 2001 se registraron un total de 10.632 nuevos casos de VIH en los 10 países sobre los cuales hay información disponible.

La mayor parte de los países de la UE están tratando de hacer un registro anónimo de personas contagiadas de VIH, pero aunque se concluya ese proyecto, nunca serán datos 100% precisos, ya que puede haber muchas personas que se encuentran contagiadas, no sospechan nada, y por lo tanto no se han hecho nunca análisis.

CONCLUSIONES PARA ESPAÑA

Los casos de sida, año por año, afortunadamente descienden, y ya no son aquellos 7354 casos que se detectaron en España en 1994, pues en el 2001 estamos en 2.297. Sin embargo, cabria preguntarse si después de más de 20 años de conocer la enfermedad, del conocimiento generalizado de su forma de contagio, y del arsenal de medicinas del que disponemos para que sea frenada, ¿no debería estar reducido el SIDA en este momento a unas pocas decenas de casos anuales?
Descienden los casos de contagio relacionados con la droga, y aumenta la proporción de casos de contagio relacionado con las relaciones sexuales.
Según Eurostat, la comparación de las cifras del sida y del VIH sugieren que el nivel de transmisión del VIH "se ha mantenido relativamente estable en la UE en los años recientes", y que la caída de casos de sida se debe al tratamiento con antirretrovirales.
Diversas ONGs. al contrario que las autoridades sanitarias españolas, que estiman que en España hay unas 150.000 personas contagiadas (y contagiadoras en potencia) del virus VIH, estimamos que una cifra más plausible serían las 300.000 personas.

Crónica de una segunda muerte avícola

Aves protegidas mueren envenenadas en un estanque municipal.
Hace tres años sucedió lo mismo cuando los operarios de la empresa de Parques y Jardines soltaron lodos tóxicos en Cabo Menor que contaminaron la playa de Los Molinucos (Santander).

P. Ib.

Caja Cantabria condenada por espiar la intimidad de sus empleados

La Audiencia Nacional aumenta la multa de 20 millones sancionada por la Agencia de Protección de Datos, por desvelar datos personales.
Los directivos de la entidad pública encargaron a una agencia averiguar a qué partidos votaban, entre otras cuestiones confidenciales.
Los políticos callan en el parlamento: sin embargo, el PP, PSOE-P y PRC se reparten la representación en el Consejo de administración que preside Carlos Saiz.

Patxi Ibarrondo

La Audiencia Nacional acaba de condenar a Caja Cantabria al pago de 20 millones de pesetas (su equivalencia en euros). La sentencia suma a esa cuantía los intereses devengados desde el momento en que se produjo la multa de la Agencia de Protección de Datos (APD) a esta entidad financiera, por vulnerar la ley que protege la intimidad y confidencialidad de la vida privada de las personas. Aunque no se ha logrado saber con qué fines concretos, está claro que a los directivos de Caja Cantabria les interesaba sobremanera, en agosto de 1998, saber la filiación ideológica de sus trabajadores y además otras cosas como su estado de salud.
La ratificación y aumento de la condena anterior por la APD se ha producido precisamente por una razón calificada de "grave" en la sentencia de la Audiencia Nacional. Según los términos de la misma, ha quedado probado que Caja Cantabria abusó de la confianza de sus empleados e impositores, requiriendo datos confidenciales de manera ilegal. El método escogido fue la planificación y puesta en marcha de una encuesta generalizada, encargada a una empresa de Madrid denominada Vox S.A.
Vox S.A. llegó a efectuar 1.200 encuestas en unas pocas horas, gracias a que la propia Caja Cantabria facilitó el domicilio y el teléfono de sus trabajadores, así como de algunos clientes, que obran en sus ficheros.

Todos los detalles de esta información fueron ofrecidos en el número 27 del desaparecido periódico "la Realidad", en la semana del 7 al 13 de agosto de 2000. Ello motivó la indignación de Carlos Saiz y su equipo directivo; algo que, sin duda, fue un motivo más para que éste decidiera perseguir judicialmente, hasta hacerlo desaparecer al amparo de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil del Partido Popular, a ese semanario crítico e independiente que, en esta ocasión como en otras, sacaba a relucir la gestión turbulenta y errática de este controvertido personaje desde que ascendió a la presidencia de la principal entidad de ahorro cántabro.
Cabe añadir que todavía siguen su trámite en los tribunales de justicia otros oscuros asuntos, como la compra de acciones de la empresa INDRA a un valor muy superior al precio del mercado o la venta a precio irrisorio de un piso de lujo en la madrileña plaza de Cibeles a la ex ministra de Justicia del PP, Margarita Mariscal de Gante y otros de similar envergadura.
Sorprendentemente y a pesar de la gravedad de la cuestión, ni esta condena ni la anterior han tenido ningún reflejo en el parlamento cántabro. La oposición no ha pedido cuentas por el atentado a la confidencialidad de los empleados de Caja Cantabria. Ello no habla precisamente a favor de la voluntad de transparencia y, por el contrario, es elocuente en cuanto a la red de complicidades establecidas entre bastidores y al margen de la ciudadanía que representan.
Tampoco se ha dado en ningún momento, por parte de los máximos responsables de la gestión de Caja Cantabria, ninguna explicación de estos devaneos antidemocráticos y vulneradores del secreto debido a sus clientes impositores, que tienen depositados ahí sus ahorros. El quebranto de casi 30 millones debido a la condena judicial, se salda así a beneficio de inventario. Entre las formaciones PP, PSOE-P o PRC han levantado el muro de silencio que ya es habitual en lo que concierne a los entresijos y los tejemanejes económicos de esta entidad pública.
Para obtener todos los pormenores de la información de "la Realidad", con la historia del sobresalto de los empleados al recibir llamadas sobre sus datos personales en sus domicilios particulares, su decisión de denunciarlo ante el Comité de Empresa y éste a la Agencia de Protección de Datos basta con pinchar aquí (archivo PDF - 135 k).

Un juez sustituto condena a pagar 15.000 euros (2,5 millones de pesetas) por el "honor" de Francisco Rodríguez, portavoz del PP en el parlamento cántabro.

Patxi Ibarrondo

La persecución del Partido Popular de Cantabria al desaparecido semanario "la Realidad" no ha acabado todavía. Al parecer, no fue suficiente el persistente acoso y derribo, iniciado por sus principales líderes y miembros del gobierno autonómico a las tres semanas de su existencia. Esta conjura se traduciría finalmente en el cierre de la publicación, justo en el momento en que estaba a punto de cumplir sus dos años de presencia en los kioskos.
Ahora ha sido el turno de Francisco Rodríguez, portavoz del PP en el parlamento regional. Un juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santander, José Enrique Vidania, ha encontrado culpables de atentar contra el honor de Rodríguez a varios colaboradores de opinión y subsidiariamente tanto a la extinta editora de "la Realidad" como a su director, Francisco Ibarrondo. En consecuencia, condena a estos últimos al pago de 15.000 euros al diputado Rodríguez para reparar su mancillado honor.
El motivo de la demanda del portavoz Rodríguez fueron sendos artículos de opinión aparecidos en los números 13, 16, 21, 22 y 41 del semanario. Es decir, entre las fechas 26 de junio y 19 de noviembre del año 2000. La responsabilidad subsidiaria ha sobrevenido al negarse el director de la publicación a esgrimir el secreto profesional para no desvelar la identidad de un grupo de militantes críticos del PP que se amparaban en el seudónimo "Holofernia".
Desde esa plataforma se escribían esporádicamente, dentro de la sección Concejo Abierto, artículos sumamente críticos contra la política de los líderes de ese partido; entre ellos el titulado "Al mentiroso Rodríguez" que ha sido objeto de esta sentencia condenatoria. En el mismo se acusaba al portavoz del PP de mentir al pleno del parlamento regional, negando a requerimiento de la oposición que hubiera problemas en el seno de su partido en la agrupación local Camargo. Sin embargo, todo la prensa regional se hizo eco en su día de la desbandada de militantes en esa circunscripción. Ello sería debido a la operación de desembarco en las listas de candidatos del partido hormaecheísta UPCA y otros avatares debidos a la larga mano del secretario general, Carlos Saiz y que vulneraban según ellos los estatutos del PP.
El otro motivo de la condena fueron cuatro artículos incluidos bajo el el seudónimo Ulises Quintacolumna, aparecidos en una sección de estilo sarcástico denominada "Tinta Confidencial". En la sentencia, el juez llega a afirmar que tanta atención del periódico hacia el portavoz Rodríguez "casi se podría calificar de manía persecutoria del articulista".
Estima condenable y condena, el magistrado, el tono de la mencionada sección, argumentando que "la utilización de un lenguaje irónico, frívolo, ambiguo y figurado no solo irrita al sujeto pasivo sino que realmente afecta a su honorabilidad en casos como el presente, aunque estuviera exento de palabras burdas o soeces que no es preciso utilizar para rebasar los razonables límites de los usos sociales comúnmente admitidos. Ya que la libertad de expresión o información no puede ser utilizada para zaherir o atribuir actos o conductas que hacen desmerecer en el concepto público a las personas contra las que se dirigen, ni para divulgar aspectos de su intimidad, pertenecientes al ámbito que la persona mantiene reservado (sic)".
Se refiere el texto de la sentencia a artículos donde como "Kiko se mete a naviero chatarrero" y similares. En los mismos no se entró en ningún modo en la esfera íntima del portavoz del PP sino únicamente se ironizaba acerca de sus presuntos negocios empresariales. Y que se sepa, no había a la sazón ninguna ley de incompatibilidad que prohibiera a los diputados del parlamente cántabro dedicarse a sus negocios privados.
La sentencia judicial bordea el sarcasmo y la cirugía semántica cuando incluye como delito el artículo titulado "Pequeño coche oficial". En el mismo se decía que, el portavoz Rodríguez, había utilizado los servicios de un chofer concreto del parlamento para conducir su pequeño coche privado... Llamado el mencionado subalterno a declarar, lo negaría. Ello le da pie al juez para sentenciar que "es igualmente una intromisión en el honor del actor, al pretenderse con la noticia el descrédito del mismo atribuyéndole una conducta prohibida y bochornosa, indigna de cualquier servidor de los intereses públicos (sic)".
El juez Vidania concluye, antes de emitir el fallo condenatorio que, "no habiéndose acreditado durante el proceso la existencia de daño material o profesional, y dado que la existencia del perjuicio no obstante se presume por imperativo legal, sólo queda como susceptible de indemnización el daño moral que todo ataque al honor comporta". En consecuencia, establece una compensación de algo más de 3.000 euros (500.000 pts.) para "Holofernia" y 12.000 euros (2 millones de antiguas pesetas) para Ulises Quintacolumna. Ambos declarados en rebeldía.
Asimismo condena a la publicación íntegra de la abultada e inquisitiva sentencia en "la Realidad".
Aunque esto no será ya posible. Como todo el mundo sabe, sobre todo los lectores y suscriptores del semanario que se quedaron sin su derecho fundamental a estar informados, "la Realidad" dejó de existir la última semana del año 2001. Fue a causa de otra condena promulgada por la jueza Laura Cuevas Ramos. La indemnización total exigida por el fallo judicial era y es de 27 millones de pesetas (su equivalencia en euros). El demandante esta vez era Carlos Saiz, secretario general del PP, presidente de Caja Cantabria y compañero de escaño de Francisco "Kiko" Rodríguez en el parlamento autonómico.
A requerimiento del mismo Carlos Saiz, la jueza ordenó la ejecución "provisional" de la sentencia a pesar de no ser todavía firme y estar recurrida ante la Audiencia Provincial de Santander. Ese mecanismo legal fue posible gracias a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, legislada y aprobada en las Cortes por el PP de Aznar. Como consecuencia más inmediata, la pequeña cooperativa editora SIPCAN no pudo hacer frente a los 27 millones de pesetas (o su equivalencia en euros) derivados de una condena anterior.
A instancias de Carlos Saiz se embargaron todos los bienes y las cuentas de la cooperativa editora, lo que ocasionó la asfixia económica y la desaparición definitiva de un semanario crítico hacia las múltiples irregularidades y frecuentes corruptelas del gobierno autonómico y su entorno político y empresarial.

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