Ofensiva del gobierno de Aznar para expulsar inmigrantes

La guardia civil distribuye una guía interna en la que se relaciona el aumento de inmigrantes con el de la delincuencia y en Madrid la policía hace redadas masivas al amparo de la Operación Focus.

Aunque reconozcan fallos de coordinación entre ambos, los cuerpos de la Guardia Civil y la Policía Nacional (CNP) parecen actuar de acuerdo a la hora de detener indiscriminadamente a todo aquel que no tenga la piel blanca y no hable castellano con fluidez. Así, determinadas zonas de Madrid se han visto invadidas en estos días pasados por decenas de furgones antidisturbios, de las que descendían numerosos agentes que se dedican a detener y confinar en la comisaría más próxima a todo aquel “sospechoso” de ser un delincuente, por el simple hecho de no ser ciudadano español. Al parecer estas detenciones masivas de personas sin los papeles en regla, por parte del CNP, se denomina “Operación Focus”. A continuación de la retención en comisaría y previa constatación de la ausencia de documentos en regla, esos ciudadanos son expulsados del territorio español.
Evidentemente las fuerzas de orden público obedecen órdenes del gobierno de José María Aznar. Un ejecutivo que ha hecho del españolismo a ultranza su bandera y que identifica a los ciudadanos procedentes de otros países y de color distinto del blanco como delincuentes en potencia. A eso se le llama en el diccionario política xenófoba y más comúnmente racismo institucional.

La “Guía” de la Guardia Civil contradice a su director civil supremo
Que inmigración irregular equivale a delincuencia segura lo preconiza una Guía distribuida a nivel interno por la guardia civil. En plena coincidencia con las redadas policiales de la Operación Focus, la Benemérita ha hecho llegar a todas sus comandancias una “Guía de Actuaciones” para mejorar la eficacia de los procedimientos de expulsión de inmigrantes clandestinos que los agentes de este cuerpo detienen por la comisión de delitos. La Orden procede de la Jefatura de Estado Mayor de la Subdirección General de Operaciones de la Guardia Civil, general José García Laguarta, según informaciones de la agencia Europa Press.
La mencionada “Guía de Actuaciones” de la Guardia Civil identifica claramente la inmigración clandestina con el incremento de la delincuencia. Contradice así la Guardia Civil a su propio director general, Santiago López Valdivielso, quien hace dos semanas consideraba “muy peligroso identificar inmigrante con delincuente porque además es falso”.
Según el declaraba el propio director general de la Benemérita, “es preciso desvincular la inmigración irregular que llega a España de los problemas de incremento de la delincuencia que padece el país”. Para ello López Valdivielso aportó incluso datos, como prueba de que “en el primer trimestre del año es mayor el número de inmigrantes legales con delitos pemales que el de inmigrantes irregulares”. Y añadió que “de cada diez detenidos por la Guardia Civil solamente tres son extranjeros y de estos, solamente una de cada diez son irregulares”.
A pesar de esas declaraciones “tranquilizadoras” de su jefe superior, la “Guía de Actuaciones” del general de Estado Mayor de la Guardia Civil, José García Laguarta, sigue en marcha y tiene como un de sus fines principales una estrecha coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía.
Así, los agentes del instituto armado deberán remitir, dentro de las primeras ocho horas desde la detención, un fax a la Comisaría provincial-Brigada de Extranjería y Documentación de la Policía, los datos de identidad del extranjero, copia de la toda la documentación que porte consigo y huellas dactilares”.
Esta disposición se realiza, entre otros fines, para comprobar a fin de establecer si a través de las huellas se dedujera que el detenido tiene una identidad distinta a la facilitada. La mencionada “Guía de Actuación” interna de la Guardia Civil especifica un procedimiento de expulsión por “vía preferente”. Según el mismo, los agentes de instituto armado deben notificar al detenido los preceptos infringidos, así como el acta de inicio del procedimiento de expulsión del territorio nacional, haciéndolo en presencia de su abogado para que en un plazo de 48 horas formule alegaciones.