El crimen de Ardystil

Han pasado 11 años de aquellos crímenes en la laboriosa comarca alcoyana de Alicante y ahora se conoce la sentencia. Desde luego no ha sido uno de esos juicios rápidos de los que tanto se jacta el señor Aznar (26.000 en los dos últimos meses) en el Congreso. Los juicios con crímenes de por medio son más lentos, sobre todo si se trata de enjuiciar a empresarios por el desarrollo de su actividad profesional. En el año 1992 seis personas -cinco trabajadoras y un trabajador- murieron y 72 sufrieron graves lesiones en Alcoi, Muro de Alcoi y Concentaina. La sentencia califica estos actos criminales de imprudencia temeraria y condena a seis años de cárcel a la empresaria Juana Llácer, a seis meses al inspector de Trabajo Alfredo Ortalá y con multas insignificantes (las dos mayores son de 3005 euros) a los otros siete empresarios implicados. Quedan absueltos las tres grandes empresas químicas que suministraron las armas de los crímenes, como nunca son condenados los fabricantes de pistolas cada vez que alguien es asesinado a tiros.


La comarca de Alcoi, famosa por su industria textil, fue “bombardeada” intensamente en la década de los años ochenta del siglo pasado, en la llamada guerra de las regulaciones de empleo. Fruto de este ataque, amparado legalmente, desaparecieron las grandes empresas y cientos de empleos. El paisaje después de la batalla era y es actualmente desolador; sobre estas tierras sólo crece la economía sumergida, una planta que da excelentes frutos para los empresarios y una amarga cosecha para las mujeres que realizan un trabajo negro en pequeños talleres o en sus domicilios. Algunas tienen más suertes al firmar contratos que las incorporan a las estadísticas de la precariedad laboral; también hay hombres trabajando en el sector pero son los menos.


Un grupo de chicas jóvenes, casi niñas como dicen sus madres, van caminando alegremente por la calle. Se dirigen a Ardystil una pequeña empresa textil alcoyana donde trabajan en la estampación de tejidos. Corre el año 1990. Ocho empresas de la comarca se dedicaban a la aerografía textil, pulverizando pintura con pistolas neumáticas hasta conseguir esa tela estampada tan de moda en aquellos años. Para limpiar las manchas de pintura sobre la tela, las jóvenes trabajadoras utilizaban pistolas eléctricas cargadas de disolvente, el tricloroetano, prohibido mundialmente su comercialización a partir de 1995, probablemente después de ser responsable de innumerables muertes.


En 1992 morían Isabel, Yovana, Soraya, Milagros y Josefa trabajadoras de Ardystil, y Andrés trabajador de Aeromán. Cerca de un centenar -trabajadoras en su mayoría- resultaron afectadas, estando incapacitadas en la actualidad para trabajar en ambientes con polvo en suspensión. Susana una joven de 22 años tuvo que ser sometida en enero de 1993 a un doble trasplante pulmonar. Los médicos le daban una esperanza de vida de 10 años. Expirado el plazo dado por los galenos, Susana estuvo presente en la lectura de la sentencia, manifestando su rabia y descontento con la absolución a las grandes multinacionales químicas implicadas y a José Luis Picher, encargado de la fábrica Ardystil, el mando que obligaba a trabajar a la gente en unas condiciones que les llevaría a enfermar y a la muerte.


Una de las multinacionales químicas implicadas es Bayer, conocida mundialmente porque sus sustancias y productos -farmacéuticos, fitosanitarios e industriales- son responsables, directa o indirectamente, sospechosos o probados judicialmente, de numerosas muertes. Varios son los medicamentos que esta multinacional ha tenido que retirar de los mercados, por los “efectos secundarios” que provocan después de muchos años de comercialización, cuando la evidencia no puede ocultarse más en mercenarios parapetos científicos. Hasta la popular Aspirina infantil,vendida como los caramelos, sólo puede ser administrada en España con receta médica, mientras que en muchos países de la periferia mundial sigue suministrándose libremente en el marcado. En el año 1945 la industria química usaba no más de 500 sustancias básicas, en la actualidad son cerca de 100.000; de la mayoría de ellas se desconocen los efectos nocivos para la salud humana, y el resto de los seres vivos o el medio ambiente. En los años sesenta quedó demostrado la relación entre la proliferación del cáncer y las sustancias químicas utilizadas en la agricultura, la industria o la construcción. Miles de muertes obligaron a la prohibición de comercializar unas pocos productos, pero a partir de los años ochenta nuevas investigaciones demuestran la relación entre el uso de determinadas sustancias químicas y las graves alteraciones de los sistemas inmunológicos, endocrino y nervioso de aves, mamíferos, reptiles, peces y seres humanos. La todopoderosa Química nos envenena con sus productos fitosanitarios e industriales y trata de curarnos o aliviar dolores con potentes y dañinas drogas salidas del laboratorio farmacéutico. Todo sea por el negocio ¿Hasta cuando vamos a seguir aguantando? Las garantías legales que protegen la salud de la gente son lentas, pobres, insuficientes y están manchadas con la sangre de los muertos que las hicieron posible. A finales de 1993, los crímenes de Ardystil se convirtieron legalmente para la Seguridad Social en el síndrome de Ardystil, reconociéndolo como enfermedad profesional y en 1995, como ya dije en un párrafo anterior, una de las sustancias que mataron a los trabajadores alcoyanos fue prohibida en la Convención de Montreal.


El textil, no es el único sector productivo atravesado por la economía sumergida y la precariedad laboral. Sin ir más lejos, en la misma provincia de Alicante hay una poderosa industria del calzado en Elche, Elda, Petrel, etc., que trabaja con sustancias químicas muy peligrosas en domicilios particulares, en talleres clandestinos y en pequeñas fábricas. Los niños ilicitanos fueron pioneros a la hora de “colocarse” con el pegamento que utilizan en casa sus familiares para pegar el calzado. Empresarios sin escrúpulos, como Juana Llácer la propietaria de Aerdystil tenía trabajando a gente sin dar de alta en la Seguridad Social y a menores en edad laboral. La empresa carecía de aspiración localizada en las mesas de trabajo, de sistemas de ventilación para renovar el aire, e incluso no daba a las trabajadoras medios de protección personal tan elementales como mascarillas y guantes. La sentencia califica de “grosero” el incumplimiento de las medidas preventivas de seguridad en Ardystil, por lo que condena a la empresaria por imprudencia temeraria. En muchos casos la actividad empresarial sólo puede ser calificada como actividad criminal, donde las condiciones de trabajo son algo más que groseras, ya que calculada y conscientemente (no imprudentemente) los empresarios ponen en peligro la vida de los trabajadores, para ahorrarse los costes económicos que suponen la aplicación de medidas para las prevención laboral. Queda constatado en las terroríficas estadísticas de accidentes laborales y afectados por enfermedades profesionales.


Lo sucedido hace 11 años en la comarca de Alcoi está ocurrieno ahora mismo en sótanos de Santa Coloma de Gramanet o de Sevilla, donde, con cierta frecuencia, la policía descubre talleres clandestinos sin ventilación de ningún tipo dedicados a la confección; detienen al empresario grosero y a los trabajadores inmigrantes chinos o magrebíes. El empresario será puesto en libertad bajo fianza rápidamente, a la espera de una sentencia judicial tan benévola como la que comentamos; las empresas que suministran las telas y los patrones, y posteriormente compran lo confeccionado clandestinamente (a eso le llaman organizar la producción en red) ni siquiera se verán imputadas; y los trabajadores inmigrantes ilegales serán expulsados a sus países de origen, por lo que si desarrollan algún tipo de enfermedad, relacionada con la actividad laboral en los talleres clandestinos donde trabajaron, a la Seguridad Social española le saldrá gratis y la sociedad se auto-aplicará aquella máxima hipócrita que dice: “ojos que no ven, corazón que no siente”.


En el caso Ardystil hay un inspector de Trabajo condenado a seis meses de prisión (es decir, no irá a la cárcel) al considerar el tribunal, que el funcionario “se inhibió de sus competencias” en materia de seguridad e higiene en su visita a la fábrica en septiembre de 1990, dos años antes de que ocurrieran las muertes de las trabajadoras. Una vez más el lenguaje sirve para encubrir la crudeza de la actuación de la inspección de Trabajo; actuaciones, que por lo general, no son investigadas, por lo que nos quedamos sin saber si obedecen a la desidia de los inspectores, a la corrupción económica, o simplemente a la falta de medios con las que cuentan las inspecciones de Trabajo. Seis muertes y 72 afectados no sirvieron para que dimitieran ni Directores generales, ni Seretarios, ni el mismísimo Ministro de Trabajo, responsable último de la inspección de Trabajo. Por aquel entonces gobernaba el Partido Socialista, más preocupado por los fastos de las Olimpiadas y la Exposición Universal, que de la seguridad en el trabajo. En cuanto a dimitir, el crimen de Ardystil era “pecata minuta” con lo que vendría después: Roldan, el GAL y todo los demás.



Granada a 4 de julio de 2003