El cura, perteneciente a la congregación Misioneros de África, también conocida como Padres Blancos, vivió en Ruanda entre 1970 y 1994. Contra él pesaba una orden internacional de busca y captura, y fue identificado y detenido en el aeropuerto de la capital, Kigali, donde se hallaba de tránsito.

Theunis compareció el 11 de setiembre ante un tribunal popular, conocidos como gacaca, del distrito de Ubumwe (centro de Kigali), donde, vestido con el uniforme rosa de los presos ruandeses, se defendió en kinyarwanda, la lengua local, ante más de 1.000 personas de las acusaciones que pesan contra él. Entre el público, además de los testigos, había responsables ruandeses, de los cuales varios declararon, miembros del cuerpo diplomático y representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Está Usted acusado de haber incitado a la gente al genocidio. ¿Qué tiene que decir?, le empezó preguntando el presidente del tribunal gacaca de Ubumwe, Raymond Kalisa.

El fiscal Emmanuel Rukangira ha indicado que el sacerdote incitó al genocidio al publicar artículos de la revista extremista Kangura en su propia revista, titulada Diálogo, de la que el cura era editor. El antiguo responsable de Kangura, Hassan Ngeze, fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que funciona en la ciudad tanzana de Arusha.

También le acusan de haber enviado faxes a Europa en los primeros días del genocidio en los que nunca indicó que los tutsis estaban siendo masacrados, según un investigador de derechos humanos que testificó. Más bien al contrario, el sacerdote aludía a las acciones de la guerrilla tutsi del Frente Patriótico Ruandés para encubrir los hechos. Los documentos remitidos utilizaban expresiones como limpieza y trabajo corrientemente utilizadas por los genocidas hutus para referirse a los asesinatos de tutsis.

El misionero alegó que seguía órdenes de sus superiores cuando firmó los documentos y que las decisiones eran tomadas por el jefe de la congregación terrorista, el también belga Jef Vleugles.
Finalmente, los nueve jueces del tribunal popular gacaca decidieron remitir la causa a la justicia ordinaria porque el sacerdote había sido uno de los planificadores del genocidio, asunto que compete a los tribunales ordinarios. Su caso será juzgado por los tribunales ordinarios, ya que los tribunales populares han decidido que no tienen competencia para ello, aseguró el secretario general del Ministerio de Justicia ruandés, Johnston Busingye. Eso significa que el cura católico fue uno de los máximos dirigentes del genocidio: Las acusaciones caen en la categoría máxima de planificadores del genocidio y las cortes populares juzgan sólo a los ejecutores, añadió Busingye. Por lo tanto, el sacerdote puede ser condenado a pena de muerte ya que ha sido catalogado como número 1 entre los dirigentes del genocidio.

Entre 1992 y 1993 el cura Theunis fue delegado en Ruanda de Reporteros Sin Fronteras, una organización de la CIA. Naturalmente Reporteros Sin Fronteras ha condenado la detención del sacerdote en un comunicado público.

Dado que muchos ciudadanos comunes cometieron los asesinatos, los detenidos tras el genocidio superaron pronto los 100.000 y, consciente de que le llevaría más de cien años juzgarlos por la vía ordinaria, el gobierno ruandés organizó la gacaca. Según este sistema, los acusados son llevados al lugar en el que cometieron sus crímenes, donde ellos mismos y los habitantes testifican en contra o favor del acusado ante un panel de jueces elegidos por y entre la población. Para los responsables de alto rango del genocidio se reservan los tribunales ordinarios, donde pueden ser condenados a pena de muerte.

Organizaciones como Amnistía Internacional han admitido que la gacaca es el único modo de hacer justicia en Ruanda. El sistema lo consideramos equitativo y justo, aseguró el director de la Unidad Jurídica de la gacaca, Augustin Nkusi.

Otro sacerdote católico que afronta cargos de genocidio es el ruandés hutu Athanase Seromba, que se negó a acudir el 20 de setiembre de 2004 al inicio de su juicio ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

Según el acta de acusación, tras la muerte del presidente Habyarimana el 6 de abril de 1994, Seromba se reunió con los caciques locales del pueblo de Kivumu, en la provincia occidental de Kibuye, para preparar y ejecutar un plan de exterminio de la población tutsi. Fríamente, en dichas reuniones decidieron concentrar a la población tutsi de Kivumu en la parroquia de Nyange, de la cual Seromba era el máximo responsable. Más de 2.000 personas abarrotaron la iglesia del cura, que a partir del 15 de abril fue sometida a ataques regulares por parte de militares y milicias Interahamwe, en presencia del párroco.

Finalmente, el sacerdote ordenó el derribo de la parroquia con máquinas excavadoras, tras lo cual los pocos supervivientes fueron rematados. Concluida la matanza, Seromba ordenó a las milicias que limpiaran la basura, en referencia a los cadáveres.

Al juicio tampoco acudió ninguno de los otros acusados principales: los ex jefes del Ejército y al Policía paramilitar de Ruanda, los generales Augustin Bizimungu y Ndindiliyamana, respectivamente.
Sus abogados acusaron al tribunal de ser parcial, ya que, según adujeron, servía los intereses del actual Gobierno ruandés, dominado por la minoría tutsi y sus aliados occidentales.

Las matanzas en Ruanda comenzaron el 6 de abril de 1994, horas después de la muerte del presidente Juvenal Habyarimana, cuyo avión fue derribado al disponerse a aterrizar en Kigali.

Durante tres meses, organizadas por las autoridades hutus entonces en el poder y alentadas por caciques locales y por la Radio Televisión Mil Colinas, las matanzas se cobraron, según distintas fuentes, la vida de entre medio millón y un millón de tutsis y hutus. Los tutsis, que en Ruanda representan un 14 por ciento de la población, frente al 85 por ciento hutu, fueron los más perseguidos y cientos de miles murieron descuartizados con machetes y armas de fuego por milicias extremistas, soldados y la propia población civil.

Miembros de la jerarquía católica en el país tenían estrechos vínculos con los políticos ultras y apoyaron a las milicias hutus en la matanza de 1994. Muchas de las matanzas en Ruanda, que es el país con más cristianos de África y donde un 60 por ciento de la población abrazaba el catolicismo, se produjeron en las iglesias católicas, donde la gente buscó refugio.

Según la organización African Rights, hay una evidencia abrumadora de que líderes de las iglesias anglicana, metodista, presbiteriana y católica estuvieron implicados en el genocidio. En el informe esta organización humanitaria afirma que no sólo muchos cristianos cometieron atrocidades sino que muchas masacres tuvieron lugar en las parroquias.

Hoy, gran parte de los memoriales del genocidio que pueblan Ruanda son iglesias: en el templo de Nyamata murieron cerca de 10.000 personas y en la iglesia de Ntarama otras 5.000.

En tribunales nacionales, la participación de la Iglesia católica en el genocidio fue puesto de manifiesto por la justicia belga, que condenó en junio de 2001 a dos monjas católicas ruandesas a 12 y 15 años de cárcel por su papel en la espantosa masacre. Ahora ya se va haciendo más habitual, pero entonces era la primera vez que el catolicismo ve a uno de sus miembros sentarse en el banquillo de los tribunales con acusaciones tan graves.

En febrero de 2003, el TPIR condenó a diez años de prisión por genocidio al pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Elizaphan Ntakirutimana, y otros cuatro religiosos están detenidos por el Tribunal Internacional y a la espera de juicio, entre ellos, dos párrocos católicos, Hormisdas Nsengimana y Emmanuel Rukundo. Un tercero es el obispo anglicano Samuel Musabyimana, que murió por enfermedad en 2003 en el Centro de Detención de Arusha.

Las iglesias cristianas, que desde hace años tienen desatada una gran campaña internacional contra el fundamentalismo islámico, tienen mucho de qué callar. Desde siempre su historia no es más que una historia de matanzas por amor al prójimo.

Antorcha , 17.09.2005 20:04/ Indymedia Euskadi