La gestión que el Gobierno del PP ha realizado de la crisis del Prestige añade ahora un nuevo episodio lamentable. Los caladeros cedidos amablemente por Marruecos para poder echar redes los barcos afectados por la catástrofe están en aguas saharauis. El Gobierno central lo ha tenido que reconocer oficialmente. El ofrecimiento marroquí era una jugada internacional y el Gobierno picó el anzuelo. Marruecos no tiene soberanía sobre esas aguas. La aceptación española a la oferta supone un grave incumplimiento de la legalidad internacional.

El Gobierno marroquí anunció públicamente el ofrecimiento de sus caladeros para que los marineros afectados pudieran continuar faenando. El gesto se interpretó como una muestra de distensión en las deterioradas relaciones entre ambos gobiernos. El Gobierno español aceptó dicha oferta, firmado en Rabat el pasado día 23 de diciembre entre Arias Cañete, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, y su homólogo marroquí Mohamed Tayeb Rhafes.

El Gobierno español ha tenido que reconocer ahora que 'parte de esta flota ejercerá su actividad en aguas del antiguo Sáhara español'. Concretamente la autorización comprende las aguas entre cabo Ifini y cabo Bojador, y al sur de Dakhla.

Este hecho supone un grave incumplimiento de la legalidad internacional, por parte del Gobierno español, al autorizar la inclusión de los recursos naturales del Sáhara Occidental, aguas sobre los que Marruecos no tiene soberanía.



Peligroso precedente

La aceptación de estas condiciones reflejadas en un documento escrito ratificado por ambos países puede suponer un negativo precedente internacional, que deja en evidencia los oscuros intereses que albergaba el ofrecimiento marroquí.